La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, genera cierto debate en torno a cuánto de juridicidad y cuánto de política posee esta resolución. Brevemente digo que nunca pudo comprobarse la asociación ilícita planteada en un inicio por la fiscalía, tal es así que fue abandonada como imputación y en definitiva se la condena por responsabilidad objetiva sobre supuestos hechos de corrupción en los cuales no pudo comprobarse su participación pero se aduce que no podía desconocer que ocurrían.
Un verdadero disparate que no daría siquiera para el inicio de un juzgamiento. El juicio adoleció de vicios formales y se violó el principio de inocencia y hubo evidente carencia de pruebas contundentes, ambas condiciones elementales en un Estado de derecho.
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Entonces queda lo político y eso pasa por convertir el fallo y la decisión final en un instrumento de persecución a CFK y la sentencia funge como una proscripción objetiva y se enmarca en una estrategia de sectores del poder judicial, medios de comunicación y espacios políticos de la derecha, tanto la tradicional como la novedosa libertaria.
Utilizar la Justicia para eliminar políticamente a adversarios no es buen síntoma de una democracia. Esta condena no institucionaliza absolutamente nada, por el contrario profundiza la grieta y erosiona la credibilidad en las instituciones de la democracia.
Repudiar esta acción de la Corte no es solo una defensa de CFK como persona sino que tiene que ver con pararse en forma vigorosa contra la ofensiva antidemocrática del gobierno, y en este caso de la disminuida Corte Suprema (disminuida en número y en la calidad de sus integrantes) y en definitiva es tomar partido contra el intento de restauración conservadora que Milei lleva adelante.
