La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La resolución activó un nuevo frente judicial: la expresidenta decidió acudir a instancias internacionales en busca de una revisión del fallo, mientras referentes políticos de Iberoamérica, agrupados en el Grupo de Puebla, salieron en su defensa.
Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, confirmó desde La Haya, Países Bajos, que inició presentaciones judiciales contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ante organismos multilaterales. Con base en la "proscripción política" de la expresidenta como motivo del fallo, el letrado denunció públicamente una "venganza del poder". Sostuvo que la sentencia no tuvo sustento jurídico y que fue escrita "de antemano".
Según explicó, el fallo vulneró principios elementales del derecho penal y procesal, y calificó el proceso como una maniobra política destinada a proscribirla. "Denuncio ante el pueblo argentino y la comunidad internacional una de las decisiones judiciales más graves y vergonzosas desde 1983", sostuvo en un escrito donde detalló los fundamentos para la presentación en diversos organismos que forman parte del entramado jurídico argentino: desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Penal Internacional.
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Dalbón fundamentó la apelación en la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a un juicio justo, a ser oído por un tribunal imparcial y a la presunción de inocencia. También señaló la ausencia de una imputación clara, la inexistencia de pruebas directas y la falta de imparcialidad del tribunal. A su juicio, la sentencia desconoció el principio de legalidad penal y resultó contraria a los estándares del debido proceso establecidos por la jurisprudencia internacional.
En tanto, mientras el equipo de la expresidenta se enfoca en el "control de daños" en relación a cómo será su detención, la estrategia internacional de la defensa incluirá la activación de reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Según Dalbón, esos foros deben revisar una condena "sin legitimidad jurídica ni moral", que expuso un sistema judicial "cooptado por intereses políticos".
El rechazo del Grupo de Puebla: "Proscripción" y "lawfare"
El fallo judicial también generó una ola de pronunciamientos a nivel regional. El Grupo de Puebla, integrado por expresidentes y referentes del progresismo iberoamericano como Dilma Rousseff, Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, fue uno de los primeros en rechazar la sentencia.
"La justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política. Nuestro respaldo total y absoluto a @CFKArgentina. Los pueblos latinoamericanos estaremos siempre firmes y con memoria junto a quienes defendieron el derecho. ¡Exigimos justicia!", escribió la organización en una publicación de X que fue retuiteada por varios dirigentes, incluido el expresidente colombiano Ernesto Samper.
Días atrás, mientras el rumor sobre la ratificación de la condena a Fernández de Kirchner dictada en primera instancia cobraba fuerza, varios dirigentes de tinte progresista comenzaron a expresarse ante el inminente suceso histórico. Incluso Evo Morales, el expresidente boliviano sumergido en una confrontación con Luis Arce, hizo propias las palabras de Juan Grabois, quien trazó un paralelismo entre ambos dirigentes.
En ese momento, el Grupo de Puebla había afirmado que, en caso de concretarse, el fallo "no resiste un análisis jurídico imparcial" y denunció la existencia de una matriz de lawfare destinada a "disciplinar a liderazgos transformadores que no responden a los poderes corporativos". También advirtieron que la condena a Cristina Kirchner "representó un retroceso institucional para la región" y comprometieron su seguimiento ante organismos internacionales.
Desde el fallo, publicado pasadas las 17:30 del martes 10 de junio, el kirchnerismo buscó capitalizar políticamente el rechazo internacional reforzando la narrativa de víctima de una persecución de la expresidenta, quien no dudó en destacar el rápido avance de la condena en su contra mientras que los cortesanos cajonearon, entre otras, la de su intento de asesinato. "Es una venganza del poder”, afirmó su abogado.
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La decisión de llevar el caso al plano internacional no solo representó una estrategia judicial, sino también una jugada de alto voltaje político. La defensa buscará demostrar que el proceso violó derechos fundamentales reconocidos por tratados internacionales, apelando a normas supranacionales sobre justicia, legalidad y garantías procesales.
Por su parte, el presidente Javier Milei y su fandom virtual celebraron el fallo de la Corte. "Justicia", escribió el mandatario argentino en X, actualmente de gira por Europa. Meses atrás, había celebrado la prohibición que emitió su par estadounidense, Donald Trump, para que tanto Cristina Kirchner como Julio de Vido -y cualquiera de sus familiares- ingresaran al país por presunta corrupción, a pesar de que en ese momento la causa Vialidad no tenía sentencia firme.
