El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó este martes que Cristina Fernández de Kirchner y otros ocho condenados por corrupción se presenten en Comodoro Py dentro de los próximos cinco días hábiles con el objetivo de efectivizar sus detenciones. La resolución llega luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena por istración fraudulenta contra la ex mandataria en la causa Vialidad.
La medida alcanza también a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich, todos sentenciados en 2022 por maniobras irregulares en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El TOF N°2 dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación asigne, en un plazo de 24 horas, una dependencia adecuada de las fuerzas federales para alojar a los condenados. Se indicó que la elección del lugar de detención deberá contemplar «las características particulares individuales» de cada uno de los involucrados.
Una vez cumplidas las detenciones, el Tribunal ordenó que se realicen los cómpitos de pena y el ingreso formal de los condenados a los centros designados, en carácter de sentencia firme.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con un decomiso de $85.000 millones por haber encabezado una asociación ilícita que direccionó licitaciones hacia empresas de Lázaro Báez durante su gobierno. La Cámara de Casación ya había confirmado el fallo del TOF 2 en 2024, y la Corte Suprema dejó firme esa resolución al rechazar los recursos presentados.
Luciani y Mola pidieron la encarcelación inmediata
Los fiscales Diego Luciani —titular de la Fiscalía General N.º 1 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2— y Sergio Mola, fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, requirieon la detención inmediata de los condenados, al considerar que el cumplimiento urgente de las penas "reafirma la finalidad preventiva" y "envía un mensaje claro a la sociedad".
Los fiscales reiteraron que la pena de seis años impuesta a la ex presidenta resulta “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado” y recordaron que, durante los alegatos y en instancias posteriores, solicitaron doce años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Báez, como máximos responsables de la maniobra.
En su presentación, sostuvieron que funcionó en el seno del Estado “una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”. Según indicaron, la finalidad fue “detraer fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”, utilizando como medio la adjudicación de obras viales en Santa Cruz a empresas de Báez, “amigo del entonces presidente Néstor Kirchner y socio comercial de este y su esposa en contratos privados obscenos”.
Además, destacaron que los actos de corrupción detectados “afectan de modo especial a los sectores más vulnerables” y que “en países como Argentina, donde los niveles de pobreza han superado el 50% de la población, no hay duda de que los condenados se apropiaron de fondos que escaseaban o faltaban, lo cual impactó directamente en los derechos más elementales de la ciudadanía”.
Por último, advirtieron que la falta de una reacción judicial inmediata podría llevar a pensar que las normas contra la corrupción “no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos”. Según su interpretación, lo que está en juego “es la credibilidad de todo el sistema judicial”.
El caso representa un hecho inédito en la historia judicial y política del país, al ser la primera vez que una expresidenta elegida por el voto popular es convocada a prisión por hechos de corrupción durante su mandato.
