La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner dejó al empresariado argentino frente a una encrucijada. En Córdoba, el Grupo de Entidades Empresarias (G6) integrado por la Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y Fedecom fue uno de los pocos actores del círculo rojo que emitió una declaración pública.
En el comunicado, el G6 reafirmó su respaldo al rol institucional de la Justicia y subrayó que “todos los ciudadanos deben ser juzgados con igualdad ante la ley”. Además, hizo un llamado a preservar la paz social, fortalecer la independencia de poderes y garantizar una convivencia democrática. Sin embargo, puertas adentro, el tono fue otro.
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Referentes empresariales reconocieron en estricto off the record que la mayoría de los grandes jugadores del sector prefirió evitará dar declaraciones para no quedar en el centro del debate político. El temor es claro: que el fallo alimente el relato del lawfare, reactive al kirchnerismo y profundice la polarización.
El comunicado del G6 se desmarca de ese debate, pero funciona también como señal hacia el poder político: piden reglas claras, previsibilidad institucional y un respeto firme al funcionamiento republicano. En tiempos de incertidumbre, el empresariado camina con pies de plomo.
"Desde el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G6) hacemos un sincero llamado a respetar la actuación del máximo tribunal, que ha actuado en el marco de sus competencias y con apego al debido proceso. La resolución ratifica que en una República todos los ciudadanos, sin distinción de cargos o historia política, deben ser juzgados con igualdad ante la ley y con pleno resguardo de las garantías constitucionales. Esa es la base de una democracia sana y de una sociedad que aspira a vivir en un marco de justicia, transparencia y confianza institucional", expresa el comunicado.
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Y agrega: "Frente a reacciones que desde algunos sectores radicalizados intentan desconocer o deslegitimar esta decisión del Poder Judicial, llamamos a la responsabilidad cívica, al respeto mutuo y, por sobre todo, a preservar la paz social. La Argentina necesita instituciones fuertes, una defensa acérrima de la independencia de poderes y sistema de contrapesos democráticos. El respeto por la Justicia y la convivencia pacífica son condiciones irrenunciables para avanzar como país, tanto para saldar hechos pasados como para el futuro que necesitamos construir".
