La reforma migratoria impulsada por el Gobierno nacional ya está en marcha. A través de un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, la Casa Rosada modificó puntos clave de la Ley de Migraciones para endurecer el control sobre quién entra, bajo qué condiciones permanece y cómo accede a los servicios del Estado.
Las nuevas reglas permiten agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen, establecer límites más claros para acceder a salud y educación pública, y refuerzan el filtro en las fronteras. “Queremos que venga gente a aportar, no delincuentes”, sintetizó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y una de las impulsoras de la medida, en declaraciones a LN+.
Una de las medidas más discutidas es la que ajusta el al sistema de salud. Según el decreto, los extranjeros residentes permanentes seguirán contando con los mismos derechos que cualquier argentino. Pero quienes no tributen ni vivan en el país de manera estable, deberán abonar el servicio o contar con un seguro médico.
Bullrich fue directa: “Si alguien viene del exterior, no paga impuestos en Argentina y se atiende gratis, está usando algo que otros sí financian. Eso no es justo”. También se refirió al uso del sistema educativo, que seguirá garantizado hasta el nivel secundario en casos de residencia irregular, pero con restricciones más estrictas para niveles superiores o beneficios adicionales.
Criminalidad y expulsión: el nuevo eje de la política migratoria
La ministra de Seguridad enfatizó que la Argentina debe protegerse de quienes ingresan con antecedentes penales o cometen delitos en el país. Según explicó, el nuevo esquema busca que “el que rompe la ley no tenga la opción de quedarse”.
“Estamos cuidándonos. Deportamos a los que vienen a delinquir y defendemos los recursos que la gente aporta con esfuerzo”, aseguró Bullrich, marcando un quiebre respecto de políticas migratorias anteriores que, según el oficialismo, permitieron abusos y descontrol en la isión de personas.
Ingreso con declaración jurada y control documental
Otra novedad es la exigencia de una declaración jurada al ingresar al país, donde el extranjero deberá detallar el motivo de su visita y comprometerse a no desvirtuarlo. Si lo hace, podrá ser sancionado o deportado. Además, se reforzará el control sobre la autenticidad de la documentación y se penalizará con mayor dureza el ingreso irregular.
Desde el Ejecutivo remarcan que esta reforma no apunta contra la inmigración legal, sino que busca garantizar que quienes ingresan lo hagan con fines legítimos, aporten al país y respeten la ley.
Una reforma anunciada
“Hace más de un año que venimos trabajando en esto. Es integral, justa y responde a un pedido concreto del presidente Milei”, sostuvo Bullrich, quien recordó que durante la apertura de sesiones en el Congreso, el mandatario había planteado que un país serio debía tener reglas claras para regular quién entra y bajo qué condiciones.
Aunque algunos organismos de derechos humanos expresaron reparos, el Gobierno insiste en que la medida no vulnera derechos, sino que ordena un sistema largamente desbordado. La prioridad, afirman, es clara: proteger a los argentinos y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente los sostienen.
LT
