Cotejar dos discursos presidenciales relativamente recientes parece una buena puerta de para la comprensión de un aspecto sustantivo de los debates sobre la justicia distributiva. En uno del año 2013, el presidente Barak Obama afirmaba que el gran objetivo de su gobierno era la igualdad; en otro del año 2015, el presidente Mauricio Macri señalaba que su tarea se vería cumplida si acababa con la pobreza. Estos dos discursos dibujan dos modelos antagónicos de buena sociedad, de sociedad justa.
Por un lado, hay sociedades en las que la igualdad ocupa un lugar preponderante en su horizonte normativo; en este tipo de sociedades, el Estado cumple una función protagónica en materia redistributiva (impuestos progresivos) y en la provisión de bienes públicos con alcance universal (salud, educación, vivienda, pensiones, etc.).
Por otro lado, las hay en las que el objetivo moral excluyente es eliminar la pobreza, desdeñando por irrelevante el ideal moral de la igualdad; en estos casos, el Estado tiene como función central velar por la igualdad ante la ley y garantizar un ingreso mínimo (suficiente) para toda la población.
Algunos ejemplos darán un poco de luz a estos dos tipos de sociedades. En Europa importa la igualdad y por esa razón hay un Estado de Bienestar que la garantiza; Italia es un ejemplo tan notable en este sentido que incluso bajo el gobierno conservador de Giorgia Meloni los dispositivos de protección social no han sufrido modificaciones de relevancia.
En los Estados Unidos de Norteamérica, desde finales de los años 70 bajo el gobierno conservador de Ronald Reagan, las prestaciones del Estado han mermado considerablemente, lo que ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta. En la región, grosso modo se podría afirmar que Uruguay es una sociedad que procura la igualdad, mientras que Chile parece más preocupada por los niveles de pobreza.
En estas reflexiones se rechaza el suficientismo y a un tiempo se ensaya una defensa de una versión específica de la igualdad: la de oportunidades. Por dos razones: primera, porque parece la versión ajustada al espíritu de las sociedades occidentales modernas y, segunda, porque está contemplada en el artículo 37 de la Constitución Nacional.
¿Por qué la igualdad de oportunidades es ajustada a los ideales de las sociedades modernas? Porque si se repara en las comunidades tradicionales, cuya gramática sociopolítica se organiza en torno a estamentos y linajes (v. gr., el mundo griego, el imperio romano, el feudalismo y las monarquías), se advierte que la construcción de la identidad se debe enteramente al pasado y su concreción fáctica, al azar, a la suerte de nacer, por ejemplo, en el seno de una familia de ciudadanos libres o de esclavos. No hay en este tipo de comunidades mérito personal en materia distributiva.
Por el contrario, las sociedades modernas pivotean en torno a la afirmación“todos los seres humanos son libres e iguales por naturaleza”, afirmación que funda la noción de individuo, cuyo dato central para estas reflexiones estriba en que su identidad se construye a través de las realizaciones personales fruto del trabajo (mérito).
Luego, si el destino de cada individuo depende de realizaciones que se tramitan en un mundo cuya trama es eminentemente productivo-mercantil, importa que las condiciones de partida de todo ciudadano sean semejantes (desde luego, la igualación perfecta de oportunidades es una quimera, entre otras razones, porque el pasado deja huella). Garantizar la igualación de oportunidades es, bajo esta perspectiva, tarea del Estado.
Ahora bien, si el Estado sólo se ocupa de combatir la pobreza, como prescribe el suficientismo, las oportunidades resultan desiguales y por consiguiente el destino personal deja de depender del esfuerzo individual para asentarse sobre la lotería social, sobre el lugar de nacimiento. Si este es el caso, el mérito pierde su sustancia moral y asume una versión patológica: la meritocracia, justamente objetada en los últimos 40 años.
¿En qué situación está la Argentina desde el punto de vista de la justicia distributiva? El punto de partida para entender este asunto es que existe un Estado diseñado para igualar oportunidades; se podría decir que“semejante” a las sociedades europeas o algunas versiones del Estado de Bienestar europeo, aunque con una estructura tributaria menos progresiva y con algunos gastos sin justificación desde el punto de vista redistributivo (subsidios a ciertos servicios públicos).
Sin embargo, este Estado, que mucho tuvo que ver con la conformación de una gran clase media y con una considerable movilidad social, ya hace muchos años que provee bienes públicos de muy baja calidad y a los que no accede el universo de la población en virtud de los altos niveles de pobreza. Por consiguiente, hay una parte de la ciudadanía que accederá a salud y educación privada y otra, a salud y educación pública, con una gran brecha de calidad, lo que implica que no hay igualdad de oportunidades.
¿Qué se puede esperar entonces del gobierno del presidente Milei? Dado su sesgo ideológico, un retiro del Estado en la provisión de bienes públicos, que en alguna medida pasarían a la esfera privada. Y si al motivo ideológico se le añade el hecho incontestable de que el Estado doméstico desde hace varias décadas es una fuente de ineficiencia, corrupción y privilegios, no parece haber muchas dudas sobre la reducción de las políticas públicas a su mínima expresión, v. gr., el sostenimiento de los sectores más desfavorecidos.
Ahora bien, transitar esta senda “privatizadora” en lugar de ensayar una refundación del Estado (tarea difícil sin dudas, pero inesquivable de acuerdo con las profundas desigualdades estructurales existentes), impedirá que el destino de cada ciudadano dependa del mérito, puesto que el mérito restringido no es otra cosa que privilegio encubierto… y una sociedad privada del ejercicio genuino del mérito no es en ningún caso una buena sociedad, no es una sociedad justa.
