El Gobierno de Donald Trump parece dispuesto a complicar la vida del miembro de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes. Se trata del juez que, tras las elecciones generales de 2022, hizo posible el retorno Lula da Silva a la presidencia de la nación. Para las autoridades estadounidense, ese es el “gran delito” cometido por el magistrado a quien ahora pretenden penalizar mediante la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, como también con la confiscación de eventuales bienes de Moraes en territorio estadounidense.
El secretario de Estado Marco Rubio se encargó de confirmar esta mañana esa posibilidad, que hasta ahora sólo aparecía como un rumor. Fue durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Allí expresó que “Brasil enfrenta un alarmante retroceso en los derechos humanos” y se basó, como ejemplo clave, en el juicio trabado estos días contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quién se acusa de conspirar en un golpe de Estado contra Lula.
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El secretario Rubio, un fiel escudero de Trump, dijo ante los legisladores del Capitolio que el exmandatario Bolsonaro está “al borde de convertirse en un preso político”. El funcionario precisó: “Estamos analizando en este momento aplicar ese castigo (contra el juez brasileño) y hay una gran posibilidad de que acontezca”. Si, efectivamente, la Casa Blanca procede a realizar lo anunciado, habrá una confrontación diplomática con el gobierno brasileño. Es inevitable y, según dijeron fuentes del Palacio del Planalto, el presidente y sus ministros se preparan para reaccionar a la embestida. Hay una ley estadounidense, en vigencia desde 2012, que a Washington le permite sancionar extranjeros, acusados de graves violaciones de los derechos humanos y corrupción en gran escala.
Detrás de esta nueva ofensiva pueden verse varias hilachas. Una de ellas conduce al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien en febrero pasado viajó a Washington DC. Llegado a destino, se tomó una licencia en la Cámara Baja brasileña y dijo que se quedaba a vivir en la capital estadounidense. En esa época se especuló que Eduardo había decidido tomarse un tiempo en el exterior, por miedo de convertirse en reo de la Justicia al igual que su padre. Esto llamó la atención pues se trata de un legislador sobre quien no pesan acusaciones judiciales.
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Ahora se conocen los verdaderos motivos de su expedición: se ha reunido con congresistas republicanos para pedirles que actúen en este caso e impidan la prisión de su progenitor. No por acaso, el diputado se reunió la semana pasada, con el representante Cory Mills y hasta se sacó una foto con él que publicó en la plataforma X. Mills es un ultraderechista, vinculado al sector de las armas y hoy, mediante preguntas, dio pie a Rubio para que anunciara el castigo al juez Moraes.
Las declaraciones del Secretario de Estado produjeron ya irritadas respuestas de del gobierno y de entidades de abogados. La ministra de Relaciones Institucionales del gobierno Lula, Gleisi Hoffman, calificó los dichos de Rubio como “una afronta a la soberanía nacional de Brasil”. Pero más aún, consideró que existe en marcha “una conspiración de Jair Bolsonaro con la extrema derecha de Estados Unidos, al punto de buscar una intervención extranjera en el sistema judicial de Brasil”.
La Orden de Abogados de Brasil emitió un comunicado para repudiar “la amenaza” que el gobierno de Trump descerrajó contra Moraes. “Es inaceptable que cualquier nación pretenda someter a nuestro país a prácticas de castigo extraterritorial”. Algunos especialistas interpretan lo sucedido como una consecuencia de las medidas judiciales tomadas por la Corte Suprema contra la plataforma X, por no avenirse en su momento a las normas impulsadas por Tribunal Electoral de Brasilia, que impidieron la difusión de fake-news emitidas por el “bolsonarismo” durante el periodo electoral de 2022. Para los analistas “nada justifica la suspensión de la visa de Moraes, dado que él no fue implicado en ningún escándalo”.
