Finalmente, la justicia de Brasil reconoció que la ex presidenta Dilma Rousseff sufrió "atrocidades" durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, y pidió disculpas a la primera mandataria en la historia brasileña. La ex mandataria venía solicitando este reconocimiento desde 2002, y hace tres años, en 2022 durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la Comisión había rechazado su pedido. Sin embargo, Rousseff apeló dicha decisión, que ahora fue puesta sobre la mesa a su favor.
Tras el pedido, la entidad le dio la razón en segunda instancia y le concedió una indemnización equivalente a unos 17.700 dólares. “El Estado brasileño le pide disculpas por todas las atrocidades que le causó el estado dictatorial a usted y a su familia", dictaminó la presidenta de la Comisión de Amnistía del ministerio de Derechos Humanos, Ana Maria Lima de Oliveira, durante una sesión en Brasilia.
Rousseff, que se encuentra al mando del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), creado por los fundadores del foro BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), fue así reconocida como víctima del régimen militar que la mantuvo en prisión durante casi tres años. Según las investigaciones, la ex mandataria fue sometida a sesiones de tortura en varias ocasiones
Al momento de su detención, la ex presidenta tenía 22 años. Según alegaban en aquel entonces, fue por “supuestos vínculos con un grupo de izquierda que se había alzado en armas contra la dictadura”.
Rousseff fue una figura clave en la política brasileña del siglo XXI. En 2011, se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil. Obtuvo un segundo mandato, pero fue destituida en 2016, en un proceso altamente controvertido en el Congreso, bajo la acusación de maquillar las cuentas públicas.
Durante la votación parlamentaria que definió su salida, el entonces diputado Jair Bolsonaro dedicó su voto a favor de la destitución a la memoria de uno de los militares que la había torturado durante la dictadura, una alusión que reavivó las heridas del pasado.
El régimen militar en Brasil comenzó en 1964, tras el derrocamiento del presidente João Goulart, y se extendió por 21 años. A diferencia de otros países de la región, Brasil nunca juzgó a los agentes estatales acusados de crímenes durante ese período, amparándose en la Ley de Amnistía de 1979. Sin embargo, en 2014, una comisión conformada por juristas y abogados investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, concluyendo que fue responsable de al menos 434 asesinatos y desapariciones, además de cientos de detenciones arbitrarias y casos de tortura.
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Cómo fue la detención de Rousseff durante la dictadura de Goulart
A los 22 años, la ex mandataria fue encarcelada por sus supuestos vínculos con un grupo de izquierda que se había alzado en armas contra la dictadura militar. Sus abogados denunciaron que la detención, además de arbitraria, le impidió continuar sus estudios de Economía y le costó el empleo que tenía en una fundación estatal.
En una declaración realizada en 2001 a la prensa local, Rousseff relató con crudeza las torturas a las que fue sometida durante su tiempo en prisión. “Mi mandíbula giró hacia el otro lado por los golpes, lo que me ha causado problemas hasta el día de hoy, problemas con el hueso que sostiene el diente. Me dieron puñetazos y el diente se movió y se pudrió”, describió. Luego añadió: “Después, el capitán Alberto Albernaz completó el trabajo de un puñetazo, sacándome el diente”.
Décadas más tarde, en 2024, con motivo del 60º aniversario del golpe militar de 1964, Rousseff volvió a alzar la voz: “Hace seis décadas, fuerzas reaccionarias y conservadoras se unieron, rompieron la Constitución, traicionaron la democracia, y eliminaron las conquistas culturales, sociales y económicas de la sociedad brasileña”. Y concluyó: “En el pasado, como ahora, la historia no borra los signos de traición a la democracia ni limpia de la conciencia nacional los actos de perversidad de aquellos que exiliaron y mancharon de sangre, tortura y muerte la vida brasileña durante 21 años”.
TC/EM
