El exintendente de Viamonte, Gabriel Germán Fernández, continuará detenido en la cárcel de Río Cuarto tras la decisión de la Cámara Federal de Córdoba de confirmar su prisión preventiva. Está acusado de múltiples delitos vinculados a la presunta malversación de fondos nacionales que debían destinarse a obras públicas en la localidad del sur provincial.
Fernández, quien gobernó el municipio entre 2003 y 2023, fue procesado por peculado, istración infiel en perjuicio de la istración pública, uso de documentos falsos y falsedad ideológica. La causa, impulsada por el fiscal federal Rodolfo Cabanillas y el juez Carlos Ochoa, involucra al exfuncionario en al menos ocho hechos delictivos que habrían tenido como consecuencia el desvío de fondos por una cifra cercana a los 500 millones de pesos.
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La investigación se inició tras una denuncia presentada por el actual intendente, Facundo Manzoni (Juntos por el Cambio), quien detectó irregularidades en el manejo de recursos enviados por el Gobierno nacional entre 2020 y 2023 para la ejecución de distintas obras. Según figura en el expediente, muchas de estas iniciativas no se concretaron o no se concluyeron, y parte del dinero transferido no fue localizado en las cuentas municipales.
Entre las obras cuestionadas figuran una planta de procesamiento de residuos que no llegó a funcionar, una oficina de género que nunca fue creada, y un playón deportivo cuya construcción no avanzó más allá de un alisado de hormigón sobre una estructura preexistente. También se investiga el uso de fondos destinados a redes de agua potable, alumbrado público y viviendas, cuyos avances no se corresponden con los recursos recibidos ni con la documentación presentada en las rendiciones.
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Durante los allanamientos ordenados por la Justicia se incautaron sumas de dinero en efectivo, aunque no se logró ubicar el total de los fondos presuntamente desviados. Además, se investiga si parte de los recursos fueron transferidos a otras cuentas en los días previos a la finalización del mandato de Fernández.
La defensa del exintendente apeló la prisión preventiva, pero no el procesamiento. La Cámara Federal, integrada por los jueces Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Ávalos, desestimó el planteo al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la causa y peligro de fuga, especialmente por la posición de poder que Fernández ocupó durante dos décadas y su presunta red de os.
