El 12 de junio de 1945 fue el día que el “círculo rojo” de la época firmó una declaración de guerra política al coronel que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión cada día ganaba más popularidad por sus reformas a favor de los trabajadores. El hombre a quien temía.
El Manifiesto del Comercio y la Industria, rubricado por 321 entidades patronales, exponía duros cuestionamientos a la política económica y laboral del Gobierno que comandaba Edelmiro Farrell Pero el blanco específico era Juan Domingo Perón, que en forma paralela ejercía como vicepresidente de la Nación.
El punto más espinoso era el Estatuto del Peón Rural, fijado por el decreto ley 28.169 de 1944. No porque la norma fuera incumplible, sino por lo que representaba en el fondo. Al terminar con el estilo paternalista, alteraba el histórico vínculo entre el patrón y el empleado del campo, que pasaba a ser un trabajador como otros. Esa subjetividad, más que lo formal, concentraba el recelo.
“Lo peligroso no era el salario aumentado sino el nuevo concepto que ahora se afirmaba en la mentalidad del peón: que sobre la voluntad del patrón, antes omnímoda, ahora existía una voluntad superior que lo estaba protegiendo”, resumió Félix Luna en su obra El 45, un clásico que funciona como guía para conocer y entender los que sucedió en ese año bisagra en la historia del siglo XX y de la Argentina.
Según el historiador, “la suma de ejemplos como éste da la clave del odio de la oligarquía contra Perón, en quien veía al promotor de un proceso que podía ser incontrolable”.
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El 16 de junio, del que se cumplen 80 años en estos días, todos los diarios reprodujeron el extenso documento firmado, entre muchas otras entidades, por las bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario y Córdoba; la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, la Cámara de Comercio, Propiedad e Industria de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Grandes Tiendas, el Centro de Almaceneros, y la Bolsa de Cereales.
El manifiesto atacaba al gobierno en general, pero ponía foco en la secretaría de Trabajo y Previsión, creada por el régimen que gobernaba desde 1943. Las entidades olían, y la realidad les ofrecía fundamentos, que Juan Domingo Perón, era el gran candidato a llegar a la cima del poder político en un tiempo muy corto.
“El gobierno prosigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias peligrosas nos hemos esforzado en demostrar”, apuntaba el Manifiesto del Comercio y la Industria.
En otro de los párrafos, ponía un énfasis en los aumentos de salarios con la repetida advertencia de que iban a generar una inflación “imposible de contener”.
La ofensiva del sector no quedó ahí. Tres días después, la Sociedad Rural publicó una solicitada arengando por la “libertad económica” con citas al lider británico Winston Churchill y a Harry Truman (que llevaba dos meses como presidente de EE.UU). Le siguió la Confederación de Sociedades Rurales, la más explícita en sus conceptos: “El Estatuto del Peón elimina la jerarquía del patrón para dejar a merced de los peones o de cualquier agitador profesional… conspirando contra la tranquilidad y la vida de las familias y las de los hombres honestos que trabajan en el campo”.
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Astuto, Perón advirtió que se la habían dejado picando. Retrucó con una larga respuesta donde remarcaba el “carácter netamente político” de los planteos y explicaba que el Gobierno no tenía interés en ir a los extremos y buscaba un “justo término medio”.
Pero cerró el puño: “Las fuerzas que firman el manifiesto han resucitado dentro del país la eterna oligarquía política que gobernó durante tantos años. (Hipólito) Yrigoyen fue el primero que quiso poner las cosas en su lugar, abatiendo esa oligarquía económica que sustentaba la oligarquía política que era su instrumento… Y fue la reacción de esa oligarquía la que volteó a Yrigoyen”.
Tensó al extremo la respuesta al apelar al recuerdo a la salvaje represión contra los obreros que protagonizaron una huelga y movilización en Buenos Aires, en 1919. Los sucesos habían sido mencionados en uno de los documentos. “Esto hace suponer que quieren otra Semana Trágica. Entendida así la tranquilidad social, no hay nada que conversar. Si se trata de matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera y por lo que se quiera con el objeto de asegurar veinticinco años de tranquilidad social, yo no me voy a prestar para eso…”, avisó.
Del lado de Perón, las organizaciones gremiales no demoraron en responder. Los bancarios, los empleados de comercio, los de seguro, los del transporte, publicaron solicitadas elogiando las políticas de la secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Era una reacción natural frente los datos: si en 1943 había en el país 80.000 obreros sindicalizados, en 1945 llegaban al medio millón. La Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo, tenía, en 1942, 1.500 afiliados. En 1946 eran 200.000. Un océano de diferencia.
Por eso las organizaciones acrecentaron cada vez más su adhesión al líder que se preparaba para gobernar al país. Menos de un mes después de los planteos patronales, la CGT organizó por primera vez un acto a favor de Perón y se inició el vínculo político que se mantiene hasta el presente.
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El Manifiesto del Comercio y la Industria contra Perón: qué decía
El documento firmado el 12 de junio de 1945 arrancaba con una salvedad. Reconocía “la existencia del problema social”, pero afirmaba que la solución “es fruto de una recta colaboración de las partes, regida por la alta y serena intervención del Estado”, sometido “al imperio de la justicia, igual para todos”.
Rápidamente iba a lo que quería decir y denunciaba “un clima de recelos, de provocación y de rebeldía, en el que se estimula el resentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y reivindicación, por efecto del cual se destruye la solidaridad en la justicia, única fuente de trabajo, de bienestar y de progreso”.
La responsabilidad era, por supuesto, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, “cuya unilateralidad quiérese justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada”.
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Para congraciarse de alguna forma con el Gobierno, apuntaba directamente a Perón: “No creemos feliz ese procedimiento aunque fueran aceptables todas sus soluciones, y mucho menos cuando no es el fruto de un régimen y sólo depende de una voluntad personal, transitoria y circunstancial”.
Pasaba a la defensiva: “Hemos sido aludidos en el discurso pronunciado el 1º de Mayo por S. E. el señor secretario de Trabajo y Previsión cuando afirmara la existencia de intenciones políticas en nuestro movimiento, detrás del cual acusaba la acción de manos extrañas, revelando al mismo tiempo el juicio que le merece el comercio del país, descripto como una turba de traficantes de lo ajeno y prestidigitadores del precio”. Luego se lanzaba a un elogio de “las organizaciones del comercio y de la industria del país, encabezadas por las más antiguas y tradicionales”, que no estaban “para asustar al gobierno con fantasmas, sino en defensa de sus legítimos intereses, de carácter general y económico, bajo el amparo de las leyes”.
“Tampoco agrupamos traficantes prestidigitadores. El desempeño del comercio es una actividad noble, lícita y útil como cualquier otro oficio y ocupa en la sociedad una categoría histórica ineludible”, añadía.
En otro párrafo cerraba el foco sobre una medida concreta, el decreto Nº 9.528, por el que el Estado tomaba a su cargo la comercialización de las cosechas de granos, para advertir sobre el “grave detrimento de los intereses de la misma masa productora, en momentos en que las circunstancias internacionales le hacen vislumbrar, después de largos años de lucha y privación, un horizonte de prosperidad”. Remarcaba que el decreto cambiaba “sustancialmente la organización jurídica y económica del tráfico comercial sobre cereales”, al fijar el costo de producción, determinar “un nivel rígido de ganancias, que podrá serlo para unos y no para otros”.
Coincidencia de la historia, pasaron exactamente 10 años entre la difusión publica del manifiesto que le marcó la cancha a Perón y el 16 de junio de 1955, el día del brutal masacre por los bombardeos en la Plaza de Mayo que buscaron poner fin a su gobierno y a su vida, y provocaron más de 300 muertes.
LT
