El 7 de diciembre de 2022, el por entonces presidente electo Lula da Silva, cuestionaba con vehemencia la sentencia de la Corte Suprema argentina ocurrida un día antes, contra Cristina Fernández de Kirchner, al condenarla a 6 años de prisión.
El líder brasileño expresó, entonces, que el fallo del supremo tribunal se comparaba con su prisión ocurrida en 2018, como desenlace a la Operación Lava-Jato. Hoy, el Instituto Lula, que alberga archivos y bienes recibidos por el jefe de Estado, salió nuevamente a deplorar la ratificación de aquella resolución de la Corte ocurrida ayer.
Acusa al más alto tribunal de “amordazar a líderes que buscan la justicia e igualdad social”. Afirma, en ese sentido, que el fallo contra la
ex presidenta “no es tan solo una cuestión interna de Argentina. Es un alerta para todos los países de la región sobre los riesgos que corren la democracia y el Estado de Derecho”.
El PJ repudió la condena de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner
La confirmación de la condena fue informada oficialmente a Lula da Silva y su colega Gustavo Petro, de Colombia. Quién mantiene al tanto al gobernante es su asesor internacional en Política Externa, Celso Amorim. El comunicado del Instituto Lula subrayó “el repudio a la prisión de la ex presidenta, en un contexto que evidencia serias violaciones de los derechos fundamentales y del debido proceso legal”.
Señala en ese contexto que “la ausencia de pruebas y la presencia de indicios de parcialidad y arbitrariedad en el juicio, son factores que comprometen la legitimidad de la resolución de la Corte”.
Recalca como algo “inaceptable que una persona inocente sea condenada en un proceso que parece más una maniobra política que la búsqueda genuina de justicia”.
Concluye de manera contundente: “La construcción de teorías jurídicas que buscan responsabilizar a CFK por actos de subordinados, bajo una interpretación cuestionable del derecho istrativo, resulta un retroceso peligroso de la separación de poderes en el Estado de Derecho”.
El líder del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, describió la sentencia como “una persecución política y judicial”.
Según el legislador, este hecho se inserta “en la persecución de líderes progresistas de América Latina”. Declaró luego que mientras “Milei desmonta la Argentina para servir a los intereses ultraliberales, Cristina siempre fue la voz de la integración regional, del Mercosur y de la Unasur. Son proyectos que siempre contaron con la alianza estratégica de Brasil”.
Gregorio Dalbón, el abogado de la ex mandataria, ya se encuentra en Europa para apelar una sentencia “que no resiste el más mínimo control de la constitucionalidad. No tiene legitimidad jurídica ni moral” sostuvo. Indicó que irán a pedir una revisión también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “Cuando un poder judicial deja de proteger a los inocentes para servir al poder, está em juego la salud de la propia democracia”.
