El Gobierno avanza con la privatización de AySA y busca convertirla en un caso testigo: una empresa estatal con activos tangibles y servicios estratégicos, capaz de atraer capital privado y demostrar que el Estado posee compañías valiosas que pueden venderse para generar recursos frescos. Se trata de la última firma de servicios reestatizada que representa una oportunidad clave no solo para mostrar resultados concretos en el programa de reformas, sino también para abrir una nueva vía de financiamiento externo que contribuya a reforzar las reservas internacionales sin necesidad de endeudamiento.
En los últimos meses, la istración de Javier Milei, amparada en la Ley de Bases, articuló un plan para vender la firma: el Estado planea ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública, colocar el 39% en la Bolsa y dejar el 10% restante para los empleados de la empresa. Fuentes, en estricto off the record, indicaron a PERFIL todavía no hubo “ninguna propuesta formal” a las autoridades de la compañía pública que proporciona agua potable y saneamiento a la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero que “siempre hay nombres revoloteando”.
Argentinos y brasileños con interés en AySA
Entre ellos, dos voces con conocimiento de la empresa estatal, señalaron a Transclor, la firma de Mauricio Filiberti, como una de las que, por años, estuvo interesada. Desde 2009 fue casi el único proveedor de policloruro de aluminio (PAC), un petroquímico clave en la potabilización del agua, manteniendo un contrato exclusivo tras ganar licitaciones en 2010 y 2012 y subsiguientes acuerdos directos. También hubo conversaciones informales con capitales brasileños y un consorcio de privados locales que evalúan una oferta conjunta por las acciones de la empresa. Fuertes rumores apuntan a que estaría integrado por el magnate de la logística Alfredo Román y Edenor, la distribuidora eléctrica de José Luis Manzano, entre otras firmas. Hasta ahora, no hay una valuación clara de la firma y cuánto se quedaría el Estado.
Este diseño apunta a blindar la privatización, dificultando su reversión futura y evitando reintegro estatal como ocurrió con empresas como YPF y Aerolíneas. AySA logró en 2024 su primer superávit operativo en casi dos décadas impulsado por un fuerte ajuste tarifario y mayor eficiencia -con números clave: ingresos crecieron de $519.000 a $907.000 millones, y el déficit operativo se transformó en ganancia de $48.000 millones-, la compañía ya elevó un informe que respalda la viabilidad financiera del proceso.
Privatizar para conseguir dólares
La empresa de agua potable puede ser punta de lanza de una ola de privatizaciones que el Gobierno ya definió cómo hacerlas y cuál es el capital que puede transformar en divisas, que irían directo a las reservas internacionales como fuente de financiamiento. Ese objetivo lo explicitó el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes pasado en el streaming Carajo cuando aseguró que podrían ingresar al Tesoro entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación de las represas del Comahue. “Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares”, planteó luego de destacar que “la forma” en la que el Estado acumuló reservas “las decide el Gobierno nacional, no necesariamente tiene que comprar (el Banco Central divisas) en el piso de la banda de flotación”.
Es la primera vez durante la gestión libertaria que un funcionario advierte que la privatización puede ser una fuente de ingreso de dólares. La estrategia del jefe del Palacio de Hacienda es mostrarle al mercado a las empresas estatales como garantía de valor, algo que repite respecto del plan de dolarización que armó durante su función privada cuando en su consultora Anker puso sobre la mesa la posibilidad de crear un fideicomiso de jurisdicción extranjera que incluya los activos del BCRA y del FGS "como colateral para la obtención de nuevo financiamiento" y sumó las acciones del fondo de la ANSES como una inyección de valor a esa construcción. Propuesta que el presidente Javier Milei leyó durante la campaña hacia el sillón de Rivadavia.
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Cómo quiere privatizar el Gobierno
AySA es una de las ocho compañías para las que el Gobierno ya definió un modelo específico de privatización. En líneas generales, se optará por concursos públicos nacionales e internacionales, licitaciones o colocaciones en Bolsa, según el tipo de activo y su viabilidad comercial. Enarsa se dividirá en 15 unidades de negocio y arrancará con la venta de su participación en Transener e Intercargo irán a concurso.
En paralelo, avanzará con la concesión de los tramos de Corredores Viales y la privatización por etapas del Belgrano Cargas, incluyendo venta de material rodante y licencias de uso. Nucleoeléctrica abrirá hasta un 49% de su capital a privados mediante concurso, mientras que Trenes Argentinos (SOFSE) licitará sus servicios con control estatal residual. La situación más compleja es la de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, cuya venta se encarará con un concurso para atraer un operador dispuesto a asumir su gestión.
AM
